Hace un año leíamos esto: Frente a la Basílica de Luján, el santuario que la presidenta Cristina Kirchner eligió para celebrar dentro de dos semanas el tedeum del Bicentenario, la Iglesia advirtió ayer que los ciudadanos deben exigir transparencia y honestidad a los representantes políticos. Incluso, llamó a no votarlos si no cumplen con esos valores y a "movilizar a la opinión pública a que haga lo mismo", en un fuerte pronunciamiento, en momentos en que distintos hechos de corrupción son investigados por la Justicia y rozan al Gobierno.
Parece que la prédica rindió sus frutos más allá de nuestras fronteras, porque hoy podemos leer esto otro: El Tribunal de Roma deja sin efecto el sequestro de fondos por 23 millones de euros del IOR (Instituto de Obras Religiosas, de propiedad de la iglesia católica). La medida fué adoptada luego de que el Vaticano emanó una ley de prevención y represión del lavado de fondos provenientes de actividades criminales.
El congelamiento había sido dispuesto por la jueza Maria Teresa Covatta en el ámbito de la investigación sobre actividades de lavado de dinero en las que estaban involucrados el presidente del Ior, Ettore Gotti Tedeschi, y su director general, Paolo Cipriani por violación de la normativa antilavado en referencia a operaciones financieras de dudosa licitud.
Un detalle malicioso: cuando Bergoglio pronunció su discurso, estos ilustres funcionarios de la multinacional a la que pertenece el cardenal estaban haciendo cosas poco transparentes, de "dudosa licitud", digamos. Claro, nadie los votó para que ocuparan sus cargos.
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